Miguel Ángel Avilés
avilesdiván@hotmail.com
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En junio de 1906, en el estado de Sonora, trabajadores de la Mina de Cananea hicieron estallar una huelga por salarios más altos y trato igualitario para trabajadores mexicanos, que en comparación con los empleados norteamericanos padecían discriminación. Varios trabajadores murieron y otros fueron heridos.
En Julio de 2007 en el estado de Sonora, trabajadores de la Mina de Cananea hicieron estallar una huelga en defensa del artículo tres del documento de contrato, en el cual también se otorga el reconocimiento oficial a todas las comisiones y carteras del sindicato.
También en busca de que el Grupo México reconozca al líder nacional minero, Napoleón Gómez Urrutia, y las dirigencias locales; demandan además que se cumplan las condiciones de seguridad para los trabajadores y que las compañías terceras que contrató la minera no desplacen a los trabajadores y que se reabra la clínica obrera, cerrada desde 1999, la cual otorgaba servicios médicos a las familias de los mineros, sin saber a ciencia, ante tanto nubarrón político, cual de todas estas demandas es la de mayor prioridad..
Del primer entallamiento mencionado han pasado casi 104 años; el segundo está por cumplir los tres.
Este último, luego de varias disputas jurídicas y políticas puede encontrarse en su punto más álgido, en su momento mas tenso. Nadie sabe con certeza que pasará, pero cualquiera en su sano juicio, desearía que la sangre no llegue al río.
La mina de cobre Cananea de Grupo México está situada en el norte del país y produce 130 mil toneladas de cobre concentrado por año y alrededor de 50 mil toneladas de cobre refinado en su planta SX-EW.
Actualmente este municipio sigue siendo el Centro Minero más importante de México, sus producciones de Cobre siguen siendo enormes y se sigue explotando el mineral en los Tajos. Aun con todo, en números, la Compañía sigue siendo la fuente de trabajo principal de Cananea, sin embargo el pueblo ha crecido demasiados estos últimos años y la Mina, a pesar de lo anunciado por sus propietarios, no sigue dando tantas fuentes de trabajo por lo cual se ha originado una gran emigración hacia ciudades aledañas o incluso hacia Estados Unidos.
En este escenario, mil 200 mineros se la Sección 65 decidieron estallar la huelga por las violaciones a su Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) y la falta de seguridad en las instalaciones que se traducían, refiriéndonos a esta últimas, en líneas de alta tensión sueltas y expuestas, camiones que por la humedad al conducirlos caen a los voladeros, residuos que van a dar y contaminan el río Sonora, exceso de ruido y polvo en las concentradoras y molinos que causa la infiltración pulmonar crónica y degenerativa llamada silicosis que, según caso que se han presentado, alguna de las veces provoca cáncer de estómago, insuficiencia de tapones y mascarillas, peligro de caer en las piletas donde se almacenan agua residuales y explosivos enterrados que ponían en riesgo a los propios trabajadores.
A pesar de que durante el 2006, la Cámara Minera de México premió a Cananea como la mina más segura del país, por tener el índice de accidentabilidad más bajo de México, desde años atrás, tales condiciones ya habían hechos estragos algunos obreros. El 5 de agosto de 2001, por ejemplo, José Carbajal Romero hacia unas excavaciones como operador de pala y de pronto se escuchó un fuerte estallido derivado de una carga explosiva que estaba en el subsuelo, el cual trajo como consecuencia que a él se le amputara su pierna izquierda y un brazo le quedara imposibilitado, mientras que al camión DT-328 que tenía asignado resultó dañado de su vidrio delantero.
El trabajador demandó y dicho accidente de trabajo le fue cubierto en su oportunidad al cien por ciento, según consta en expediente 116/2003, seguido ante la junta Federal número de 47 con sede en el mismo pueblo minero.
Por no ser el único caso y ante la eventualidad de una desgracia mayor, el sindicato estima que resulta muy bajo el seguro de vida que prevé el CCT, mismo que equivale a dos mil quinientos pesos, aproximadamente, aunque cabe advertir que en tratándose de muerte por riesgo de trabajo, se pagan 1430 días de salario integrado.
Por todas estas razones, dicen, el estallido de la huelga no se podía postergar. Es cierto que en sus demandas de emplazamiento no había un reclamo salarial específico. Por esas fechas el reparto de utilidades había sido generoso con ellos pues en el periodo 2005-2006 cada uno recibió 160 mil pesos, mientras que en 2006-2007, la cifra personal ascendió a 396 mil 884 pesos.
Pero en el pliego petitorio destacaba una demanda que por si misma se volvía controversial y esta era el reconocimiento legal de su líder máximo Napoleón Gómez Urrutia.
Nacido en Monterrey, Nuevo León en 1944, y de profesión Economista por la UNAM, “Napito”, como suele llamársele, es desde 2001, sucediendo a su padre Napoleón Gómez Sada quien llevaba poco mas de 40 años en este cargo, Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, metalúrgicos y Similares de la República Mexicana.
Además del cuestionamiento que lo sigue de no haber trabajado nunca en una mina lo cual le impediría ser miembro y por lo tanto líder del Sindicato, que estatutariamente señala como requisito para su pertenencia el ser trabajador de base en activo se le ha acusado de no haber repartido conforme a lo establecido el monto entregado por Grupo México para los trabajadores que laboraron en Cananea, como producto de la privatización de la mina y del desvío, junto con algunos de sus colaboradores, de 55 millones de dólares. No obstante esto, el multimillonario líder, quien monitorea la huelga y sobre todo sus arcas desde en un barrio de Vancouver, Canadá, hasta donde también lo sigue la suerte pues es vecino de la actriz Pamela Anderson, ha sorteado los temporales de la imputaciones pues ya libró tres de las cinco órdenes de aprehensión que tiene en su contra, pero aún quedan en su contra dos órdenes de aprehensión por delitos federales, una por presunto lavado de dinero y otra por violación a las leyes de instituciones de crédito.
Mientras allá le transcurre la vida, acá los mineros dan la cara por él, muchos creen en su liderazgo y se manifiestan dispuestos a defender de hecho lo que, luego de peleados litigios, el derecho les ha negado.
Así la huelga estalla el 30 de julio de 2007, pero una semana después, el 7 de agosto del mismo año, la junta responsable resuelve que es inexistente y ordena la reanudación de las labores por parte de los trabajadores mineros. Sin embargo, el sindicato promueve un juicio de amparo contra este acto de autoridad, se le concede en tiempo y forma la suspensión provisional y definitiva para que no se ejecute la resolución y el 17 de diciembre de 2007, el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo determinó la legalidad de la huelga en esta mina. La fuerza obrera le daba un revés jurídico a la parte patronal.
El buen sabor de boca duraría poco pues a principios de 2008, el11 de Enero, un actuario comisionado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, notificaba a las 11:30 horas al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana la declaración de inexistencia de la huelga en la Unidad Minera Cananea en el estado de Sonora, "en estricto cumplimiento a lo dispuesto por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que el 21 de diciembre de 2007 dejó sin efecto la primera resolución que declaraba inexistente la huelga y ordenó a la autoridad laboral emitir una nueva determinación".
Un comunicado de la refería secretaría, parafraseaba la resolución emitida y decía que oda vez que la huelga "no estalló a la hora previamente señalada por el sindicato minero en su emplazamiento y, en consecuencia, esta causal incumple con un requisito formalmente exigible para estos efectos".
Según el artículo 932 de la Ley Federal del Trabajo, la junta "Fijará a los trabajadores un término de veinticuatro horas para que regresen a su trabajo”; Deberá notificar lo anterior por conducto de la representación sindical, apercibiendo a los trabajadores que por el solo hecho de no acatar la resolución, quedarán terminadas las relaciones de trabajo, salvo causa justificada; Declarará que el patrón no ha incurrido en responsabilidad y que de no presentarse a laborar los trabajadores dentro del término señalado, quedará en libertad para contratar otros; y dictará las medidas que juzgue convenientes para que pueda reanudarse el trabajo.
Para dar cumplimiento a este mandato legal, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje solicitó el auxilio de la fuerza pública federal y del estado de Sonora para garantizar la libertad de los trabajadores que quieran regresar a sus puestos de trabajo.
De nuevo, en ese punto cananense que roza la frontera con los Estados Unidos, la tierra del extinto coronel Greene, los tambores de guerra y de protesta no se hacían esperar. Ahí estaba la solidaridad de otras organizaciones, pero ahí también estaban algunos liderazgos no tan legítimos. En medio de todo esto quedaban más de mil obreros que hasta ahorita han defendido de buena fe esta huelga y que subsisten empleándose en otros oficios y estirando lo que el sindicato le da como son los 750 a 800 pesos mensuales mas el pago del gas.
Pero la disputa legal seguía su marcha. El Sindicato combate esa resolución, le vuelven a conceder la suspensión y en su momento otra vez se dice que la huelga es legal. No obstante, mas delante la junta cumple una ejecutoria emitida por el mencionado tribunal y la huelga es declarada por tercera vez inexistente.
El sindicato reitera sus razonamientos y una nueva resolución determina que la huelga satisface todos los requisitos para ser legal. La empresa promueve recurso de revisión pero la resolución recurrida queda firme y el entallamiento también. Faltaba entonces que la Secretaría del trabajo, por conducto de la junta respectiva, resolviera el fondo del pliego petitorio que dio pie al emplazamiento de la propia huelga.
Es así como la empresa da un viraje en su estrategia jurídica y con fundamento en los artículos 433, fracción I, 434 Y 892 de la Ley Federal del Trabajo, aludiendo causas de fuerza mayor, promueven la terminación individual y colectiva de las relaciones de trabajo, no imputable al patrón, apoyando su acción ejercitada en un dictamen de la Dirección de Minas dependiente de la Secretaria de Economía, y la junta competente le otorga la razón antes de la media noche del 14 de abril de 2009 al declarar la terminación de las relaciones obrero-patronal entre Mexicana de Cananea y los mil 100 trabajadores sindicalizados y 200 de confianza.
Para los paristas, además de estimar que la junta no fundó ni motivo su decisión con solidez jurídica, lo anterior también implicaba una incongruencia legal ya que estimaban que por razón de método la junta primero debió de dictar la resolución sobre la huelga y después resolver sobre esa solicitud patronal, lo que de algún modo resulta lógico, pues ante la falta de una resolución al respecto hoy subsiste una huelga de unos trabajadores cuya relación de trabajo ya se dio por concluida con la empresa que esta inactiva.
El abogado de la minera, Salvador Rocha Díaz, con eufemismos legales esgrimía su verdad al respecto: "la razón de la empresa para terminar las relaciones laborales en Cananea es una razón constituida por hechos verificables y comprobados que se ajustan, plenamente, a la hipótesis de la ley".
Todo esto significó un descontón político y legal para los mineros quienes en apariencia dispersos, interponen diversos amparos, algunos indirectos, otros directos, para alegar por una parte que se le negó la oportunidad jurídica de objetar el peritaje de la Dirección de minas y ofrecer uno propio y por otra, para tratar de echar por tierra la resolución conclusiva de la relación laboral y solicitar la suspensión del acto reclamado para nos se ejecutara esta determinación.
Aquí se presenta algo curioso pues mientras el sindicato decía que le había sido concedida tal suspensión, la STPS precisa que lo anterior había sido nada más a favor individualmente y como persona física de Sergio Tolano Lizárraga, a quien por cierto, rollizo él, no se le ven por ningún lado los estragos de un paro tan prolongado.
A pesar de todo, la suspensión colectiva prospera y la resolución no se ejecuta, pues ahora sería estudiada por un Tribunal Colegiado en materia de trabajo en el Distrito Federal a través de los tres magistrados, María Edith Cervantes Ortiz, Elisa Jiménez Aguilar y Jorge Farrera Villalobos, quienes este 10 de Febrero concluyeron negar el amparo al sindicato minero, por lo que confirmaron la resolución que da por concluidas las relaciones laborales entre Mexicana de Cananea, de Grupo México y la organización que encabeza Napoleón Gómez Urrutia.
Allá en la mina, en lo que parece una arriesgada expresión, los obreros reiteran que defenderán ese territorio hasta con su vida. Por el camino mediático el Grupo México avienta el anzuelo para debilitar el movimiento y anuncia bondadosas liquidaciones para quienes así quieran hacerlo. La seducción, sin ser en la mayoría, si ha causado estragos en más de uno de los trabajadores quien aluden serias carencias familiares, lo cual contrasta con la realidad de un pueblo que, a pesar de este clima de insolvencia que mencionan algunos pobladores, sigue recibiendo inversión privada según se observa con la apertura de tiendas como Bodegas Aurerá, Súper del Norte, Ley y Santa Fe.
En medio de todo este conflicto, cual si fuera un actor secundario, el Estado Mexicano como forma de organización social y política que encabeza el presidente Felipe Calderón, no atina a dejar satisfechas a las partes de un conflicto si se trata de que impere el Estado de Derecho ni mucho a ser el gran componedor.
Esto último es aprovechado por la vagancia de otros quienes envían a sus huestes para que, por la vía de la burocracia y la postergación del conflicto, se muestren muy interesados en que se remedie este problema que afecta a Sonora y al País. De esta forma, entre otros acomedidos,se crea por la Cámara de Diputados la comisión especial denominada "de Seguimiento a la Problemática Surgida por los Conflictos Mineros en el país" El primer año será presidido por el diputado Miguel Pompa Corella del PRI y el segundo por el diputado Samuel Moreno, priista de Corazón y hoy del Partido Verde Ecologista de México por obediencia, dos alfiles muy manipulables que atendiendo a sus jefes políticos y sin que sea casualidad, sabrán extender esto al menos hasta el clima electoral de 2012.
Antes bien, en el presente-que es real y tirante calma- nadie sabe con certeza que pasará. Pero cualquiera en su sano juicio, desearía que la sangre no llegue al río. Por que muchos saldríamos perdiendo. Muchos, es decir, no todos.
En Julio de 2007 en el estado de Sonora, trabajadores de la Mina de Cananea hicieron estallar una huelga en defensa del artículo tres del documento de contrato, en el cual también se otorga el reconocimiento oficial a todas las comisiones y carteras del sindicato.
También en busca de que el Grupo México reconozca al líder nacional minero, Napoleón Gómez Urrutia, y las dirigencias locales; demandan además que se cumplan las condiciones de seguridad para los trabajadores y que las compañías terceras que contrató la minera no desplacen a los trabajadores y que se reabra la clínica obrera, cerrada desde 1999, la cual otorgaba servicios médicos a las familias de los mineros, sin saber a ciencia, ante tanto nubarrón político, cual de todas estas demandas es la de mayor prioridad..
Del primer entallamiento mencionado han pasado casi 104 años; el segundo está por cumplir los tres.
Este último, luego de varias disputas jurídicas y políticas puede encontrarse en su punto más álgido, en su momento mas tenso. Nadie sabe con certeza que pasará, pero cualquiera en su sano juicio, desearía que la sangre no llegue al río.
La mina de cobre Cananea de Grupo México está situada en el norte del país y produce 130 mil toneladas de cobre concentrado por año y alrededor de 50 mil toneladas de cobre refinado en su planta SX-EW.
Actualmente este municipio sigue siendo el Centro Minero más importante de México, sus producciones de Cobre siguen siendo enormes y se sigue explotando el mineral en los Tajos. Aun con todo, en números, la Compañía sigue siendo la fuente de trabajo principal de Cananea, sin embargo el pueblo ha crecido demasiados estos últimos años y la Mina, a pesar de lo anunciado por sus propietarios, no sigue dando tantas fuentes de trabajo por lo cual se ha originado una gran emigración hacia ciudades aledañas o incluso hacia Estados Unidos.
En este escenario, mil 200 mineros se la Sección 65 decidieron estallar la huelga por las violaciones a su Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) y la falta de seguridad en las instalaciones que se traducían, refiriéndonos a esta últimas, en líneas de alta tensión sueltas y expuestas, camiones que por la humedad al conducirlos caen a los voladeros, residuos que van a dar y contaminan el río Sonora, exceso de ruido y polvo en las concentradoras y molinos que causa la infiltración pulmonar crónica y degenerativa llamada silicosis que, según caso que se han presentado, alguna de las veces provoca cáncer de estómago, insuficiencia de tapones y mascarillas, peligro de caer en las piletas donde se almacenan agua residuales y explosivos enterrados que ponían en riesgo a los propios trabajadores.
A pesar de que durante el 2006, la Cámara Minera de México premió a Cananea como la mina más segura del país, por tener el índice de accidentabilidad más bajo de México, desde años atrás, tales condiciones ya habían hechos estragos algunos obreros. El 5 de agosto de 2001, por ejemplo, José Carbajal Romero hacia unas excavaciones como operador de pala y de pronto se escuchó un fuerte estallido derivado de una carga explosiva que estaba en el subsuelo, el cual trajo como consecuencia que a él se le amputara su pierna izquierda y un brazo le quedara imposibilitado, mientras que al camión DT-328 que tenía asignado resultó dañado de su vidrio delantero.
El trabajador demandó y dicho accidente de trabajo le fue cubierto en su oportunidad al cien por ciento, según consta en expediente 116/2003, seguido ante la junta Federal número de 47 con sede en el mismo pueblo minero.
Por no ser el único caso y ante la eventualidad de una desgracia mayor, el sindicato estima que resulta muy bajo el seguro de vida que prevé el CCT, mismo que equivale a dos mil quinientos pesos, aproximadamente, aunque cabe advertir que en tratándose de muerte por riesgo de trabajo, se pagan 1430 días de salario integrado.
Por todas estas razones, dicen, el estallido de la huelga no se podía postergar. Es cierto que en sus demandas de emplazamiento no había un reclamo salarial específico. Por esas fechas el reparto de utilidades había sido generoso con ellos pues en el periodo 2005-2006 cada uno recibió 160 mil pesos, mientras que en 2006-2007, la cifra personal ascendió a 396 mil 884 pesos.
Pero en el pliego petitorio destacaba una demanda que por si misma se volvía controversial y esta era el reconocimiento legal de su líder máximo Napoleón Gómez Urrutia.
Nacido en Monterrey, Nuevo León en 1944, y de profesión Economista por la UNAM, “Napito”, como suele llamársele, es desde 2001, sucediendo a su padre Napoleón Gómez Sada quien llevaba poco mas de 40 años en este cargo, Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, metalúrgicos y Similares de la República Mexicana.
Además del cuestionamiento que lo sigue de no haber trabajado nunca en una mina lo cual le impediría ser miembro y por lo tanto líder del Sindicato, que estatutariamente señala como requisito para su pertenencia el ser trabajador de base en activo se le ha acusado de no haber repartido conforme a lo establecido el monto entregado por Grupo México para los trabajadores que laboraron en Cananea, como producto de la privatización de la mina y del desvío, junto con algunos de sus colaboradores, de 55 millones de dólares. No obstante esto, el multimillonario líder, quien monitorea la huelga y sobre todo sus arcas desde en un barrio de Vancouver, Canadá, hasta donde también lo sigue la suerte pues es vecino de la actriz Pamela Anderson, ha sorteado los temporales de la imputaciones pues ya libró tres de las cinco órdenes de aprehensión que tiene en su contra, pero aún quedan en su contra dos órdenes de aprehensión por delitos federales, una por presunto lavado de dinero y otra por violación a las leyes de instituciones de crédito.
Mientras allá le transcurre la vida, acá los mineros dan la cara por él, muchos creen en su liderazgo y se manifiestan dispuestos a defender de hecho lo que, luego de peleados litigios, el derecho les ha negado.
Así la huelga estalla el 30 de julio de 2007, pero una semana después, el 7 de agosto del mismo año, la junta responsable resuelve que es inexistente y ordena la reanudación de las labores por parte de los trabajadores mineros. Sin embargo, el sindicato promueve un juicio de amparo contra este acto de autoridad, se le concede en tiempo y forma la suspensión provisional y definitiva para que no se ejecute la resolución y el 17 de diciembre de 2007, el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo determinó la legalidad de la huelga en esta mina. La fuerza obrera le daba un revés jurídico a la parte patronal.
El buen sabor de boca duraría poco pues a principios de 2008, el11 de Enero, un actuario comisionado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, notificaba a las 11:30 horas al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana la declaración de inexistencia de la huelga en la Unidad Minera Cananea en el estado de Sonora, "en estricto cumplimiento a lo dispuesto por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que el 21 de diciembre de 2007 dejó sin efecto la primera resolución que declaraba inexistente la huelga y ordenó a la autoridad laboral emitir una nueva determinación".
Un comunicado de la refería secretaría, parafraseaba la resolución emitida y decía que oda vez que la huelga "no estalló a la hora previamente señalada por el sindicato minero en su emplazamiento y, en consecuencia, esta causal incumple con un requisito formalmente exigible para estos efectos".
Según el artículo 932 de la Ley Federal del Trabajo, la junta "Fijará a los trabajadores un término de veinticuatro horas para que regresen a su trabajo”; Deberá notificar lo anterior por conducto de la representación sindical, apercibiendo a los trabajadores que por el solo hecho de no acatar la resolución, quedarán terminadas las relaciones de trabajo, salvo causa justificada; Declarará que el patrón no ha incurrido en responsabilidad y que de no presentarse a laborar los trabajadores dentro del término señalado, quedará en libertad para contratar otros; y dictará las medidas que juzgue convenientes para que pueda reanudarse el trabajo.
Para dar cumplimiento a este mandato legal, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje solicitó el auxilio de la fuerza pública federal y del estado de Sonora para garantizar la libertad de los trabajadores que quieran regresar a sus puestos de trabajo.
De nuevo, en ese punto cananense que roza la frontera con los Estados Unidos, la tierra del extinto coronel Greene, los tambores de guerra y de protesta no se hacían esperar. Ahí estaba la solidaridad de otras organizaciones, pero ahí también estaban algunos liderazgos no tan legítimos. En medio de todo esto quedaban más de mil obreros que hasta ahorita han defendido de buena fe esta huelga y que subsisten empleándose en otros oficios y estirando lo que el sindicato le da como son los 750 a 800 pesos mensuales mas el pago del gas.
Pero la disputa legal seguía su marcha. El Sindicato combate esa resolución, le vuelven a conceder la suspensión y en su momento otra vez se dice que la huelga es legal. No obstante, mas delante la junta cumple una ejecutoria emitida por el mencionado tribunal y la huelga es declarada por tercera vez inexistente.
El sindicato reitera sus razonamientos y una nueva resolución determina que la huelga satisface todos los requisitos para ser legal. La empresa promueve recurso de revisión pero la resolución recurrida queda firme y el entallamiento también. Faltaba entonces que la Secretaría del trabajo, por conducto de la junta respectiva, resolviera el fondo del pliego petitorio que dio pie al emplazamiento de la propia huelga.
Es así como la empresa da un viraje en su estrategia jurídica y con fundamento en los artículos 433, fracción I, 434 Y 892 de la Ley Federal del Trabajo, aludiendo causas de fuerza mayor, promueven la terminación individual y colectiva de las relaciones de trabajo, no imputable al patrón, apoyando su acción ejercitada en un dictamen de la Dirección de Minas dependiente de la Secretaria de Economía, y la junta competente le otorga la razón antes de la media noche del 14 de abril de 2009 al declarar la terminación de las relaciones obrero-patronal entre Mexicana de Cananea y los mil 100 trabajadores sindicalizados y 200 de confianza.
Para los paristas, además de estimar que la junta no fundó ni motivo su decisión con solidez jurídica, lo anterior también implicaba una incongruencia legal ya que estimaban que por razón de método la junta primero debió de dictar la resolución sobre la huelga y después resolver sobre esa solicitud patronal, lo que de algún modo resulta lógico, pues ante la falta de una resolución al respecto hoy subsiste una huelga de unos trabajadores cuya relación de trabajo ya se dio por concluida con la empresa que esta inactiva.
El abogado de la minera, Salvador Rocha Díaz, con eufemismos legales esgrimía su verdad al respecto: "la razón de la empresa para terminar las relaciones laborales en Cananea es una razón constituida por hechos verificables y comprobados que se ajustan, plenamente, a la hipótesis de la ley".
Todo esto significó un descontón político y legal para los mineros quienes en apariencia dispersos, interponen diversos amparos, algunos indirectos, otros directos, para alegar por una parte que se le negó la oportunidad jurídica de objetar el peritaje de la Dirección de minas y ofrecer uno propio y por otra, para tratar de echar por tierra la resolución conclusiva de la relación laboral y solicitar la suspensión del acto reclamado para nos se ejecutara esta determinación.
Aquí se presenta algo curioso pues mientras el sindicato decía que le había sido concedida tal suspensión, la STPS precisa que lo anterior había sido nada más a favor individualmente y como persona física de Sergio Tolano Lizárraga, a quien por cierto, rollizo él, no se le ven por ningún lado los estragos de un paro tan prolongado.
A pesar de todo, la suspensión colectiva prospera y la resolución no se ejecuta, pues ahora sería estudiada por un Tribunal Colegiado en materia de trabajo en el Distrito Federal a través de los tres magistrados, María Edith Cervantes Ortiz, Elisa Jiménez Aguilar y Jorge Farrera Villalobos, quienes este 10 de Febrero concluyeron negar el amparo al sindicato minero, por lo que confirmaron la resolución que da por concluidas las relaciones laborales entre Mexicana de Cananea, de Grupo México y la organización que encabeza Napoleón Gómez Urrutia.
Allá en la mina, en lo que parece una arriesgada expresión, los obreros reiteran que defenderán ese territorio hasta con su vida. Por el camino mediático el Grupo México avienta el anzuelo para debilitar el movimiento y anuncia bondadosas liquidaciones para quienes así quieran hacerlo. La seducción, sin ser en la mayoría, si ha causado estragos en más de uno de los trabajadores quien aluden serias carencias familiares, lo cual contrasta con la realidad de un pueblo que, a pesar de este clima de insolvencia que mencionan algunos pobladores, sigue recibiendo inversión privada según se observa con la apertura de tiendas como Bodegas Aurerá, Súper del Norte, Ley y Santa Fe.
En medio de todo este conflicto, cual si fuera un actor secundario, el Estado Mexicano como forma de organización social y política que encabeza el presidente Felipe Calderón, no atina a dejar satisfechas a las partes de un conflicto si se trata de que impere el Estado de Derecho ni mucho a ser el gran componedor.
Esto último es aprovechado por la vagancia de otros quienes envían a sus huestes para que, por la vía de la burocracia y la postergación del conflicto, se muestren muy interesados en que se remedie este problema que afecta a Sonora y al País. De esta forma, entre otros acomedidos,se crea por la Cámara de Diputados la comisión especial denominada "de Seguimiento a la Problemática Surgida por los Conflictos Mineros en el país" El primer año será presidido por el diputado Miguel Pompa Corella del PRI y el segundo por el diputado Samuel Moreno, priista de Corazón y hoy del Partido Verde Ecologista de México por obediencia, dos alfiles muy manipulables que atendiendo a sus jefes políticos y sin que sea casualidad, sabrán extender esto al menos hasta el clima electoral de 2012.
Antes bien, en el presente-que es real y tirante calma- nadie sabe con certeza que pasará. Pero cualquiera en su sano juicio, desearía que la sangre no llegue al río. Por que muchos saldríamos perdiendo. Muchos, es decir, no todos.
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