Para quienes la impulsaron, es una ley que ayudará a combatir con fuerza legal lo que en su país consideran uno de sus principales males: el proceso migratorio, ese proceso que va desde la nostalgia, el destierro, la ilusión, los sueños, la indolencia, el espejismo, la muerte.
Para quienes desde acá se encuentran replegados en su trinchera empresarial o política, es una promulgación que merece un colérico rechazo, pero no tanto como para que de una vez por todas ellos mismos empezaran a tomar medidas, cada quien en el ámbito de su competencia, con el fin de que hombres, mujeres y niños no sigan cruzando el desierto como la gran apuesta o la última esperanza para encontrar el sosiego económico perdido en su propio país.
Aun cuando deberán transcurrir los noventa días para que entre en vigor, dentro de la maquinaria legislativa ya se dio un gran paso; en medio de un reclamo ensordecedor, con una interminable oposición de voces contra su aprobación y con las inminentes protestas de todo tipo que quedan por venir, la gobernadora de Arizona Jan Brewer, garabateó su firma al calce del documento que le fue puesto ante su vista, sobre esa mesa de paño negro y de este modo quedó promulgada la que se ha identificado como la ley SB1070 y que, básicamente, tiene por objeto criminalizar con pena hasta de seis meses de cárcel y una considerable multa a todo aquél que se encuentre ilegalmente en el país y sancionar a su vez a quien ose contratar o transportar a una persona que no acredite su legal estancia en el país. Además, contiene disposiciones para permitir que los ciudadanos presenten demandas contra las agencias gubernamentales que impidan el cumplimiento de las leyes de inmigración.
Es cierto que es una ley controvertida y que representará costos. Arizona es un Estado con crisis presupuestaria y ante ello se ha planteado un aumento de los impuestos a las ventas estatales. Si a esto se le suma la posibilidad de un boicot comercial por parte de un sector de nuestros connacionales y del futuro castigo del voto hispano y el desacuerdo de Barack Obama la cosa se pone más difícil aún. En ese contexto, que para algunos gobernantes mexicanos sería suficiente para abortar cualquier intento de empujar hasta su aprobación una iniciativa, por más que haya nacido desde los grupos más radicales y racistas, no se puede regatear la habilidad que tuvo Jan Breuer para llegar a esta etapa legislativa. Esta mujer de aspecto lúgubre, huérfana de padre cuando tenía once años, con un hijo fallecido en 2007 de cáncer, de gran experiencia acumulada hasta antes de ser gobernadora, sobre todo como líder de alto nivel de disciplina por uno, o tanbien llamado látigo en la política de partidos cuyo objeto principal es, ni más ni menos, garantizar el control de la toma de decisiones en un proceso formal parlamentario, hizo lo necesario para que al final llegara la ley a sus manos y promulgarla.
La ley establece que para hacerse cumplir, se faculta a los agentes policiales para interrogar a cualquier persona en torno a su status migratorio y para ello, basta que el facultado observe en alguien la más ligera sospecha de que está pisando suelo norteamericano ilegalmente, luego de que “dijo adiós con una mueca disfrazada de sonrisa y le suplico a su Dios crucificado en la repisa el resguardo de los suyos.Y perforó la frontera como pudo”.
Esta sospecha de ilegalidad podrá tipificarse en alguien si el agente supone que ha realizado algunas de estas conductas: entrar sin autorización ni control, mantenerse más allá del periodo autorizado después de la entrada legal o por violar las condiciones de entrada legal: si el sospechoso entró legalmente sin la inspección, entonces el sospechoso podría ser clasificado como un "Visas de No Inmigrante Overstayer" o una "Tarjeta de Cruce Fronterizo Violator"; si el sospechoso entró ilegalmente sin inspección, sería clasificado como un “evadido de los Inspectores de Inmigración y Patrulla Fronteriza”.
Tal facultad, sin embargo, será discrecional y riesgosamente arbitraria, pues quedará a juicio del agente en turno, nada tolerante ni respetuoso de la diversidad racial ni de los derechos humanos, quien con el sólo hecho de que le nazca la corazonada, podrá someter a hostigadores interrogatorios a cualquier persona para saber si se encuentra legalmente en ese país.
En toda esta vorágine desatada por dicha ley, están los que aún ignoran sus alcances, y quizá hasta su existencia y son los que ahorita probablemente se están internando en territorio norteamericano después de padecer por días las inclemencias del tiempo o los abusos de un pollero y luego de dejar atrás, como en una fúnebre carrera, a otros connacionales que yacen muertos de sed en el desierto.
Tambien están los que, viviendo ya en ese territorio, andan a salto de mata desde mucho antes de la promulgación de la ley y más lo andarán si esta dispoción entra en vigor.
Se encuentran además los que tanto en territorio mexicano como en territorio norteamericano se han solidarizado siempre y cuantimas lo harán ahora en favor de los que estarán expuestos a los embates rascistas que subyace no tanto en la ley misma, sino en la norma que la nutre y en los grupos que la impulsaron.
En esta suma de inconformidades e indignacionaciones, están tambien las que aparentan serlo: declaraciones, advertencias, pesares y pronunciamientos de quienes ven la paja en el país ajeno y no la viga en el que gobiernan.
Esto que ahora resulta desde luego reprobable y que es de algún modo una práctica común de muchos Minutemanistas confesos o encubiertos, no vienen a ser más que un modus operandi discriminatorio y abusivo, cuyo ámbito espacial de aplicación, con la aprobación de una ley o no, tiene la voz de arranque desde el Río Suchiate que marca la frontera occidental entre México y Guatemala, pasa por todo el territorio mexicano y desemboca en Estados Unidos.
El que se pronuncien todos los actores políticos nacionales o estatales-sea el presidente de la República, sea el Gobernador Sonorense Guillermo Padres- pasando por cancilleres, representantes populares o las cámaras empresariales- es loable en la coyuntura de la aprobación de esta amenazadora ley, pero también significa una voz incongruente, hipócrita y falsa, que mientras se levanta por lo que hace otro gobierno con los nacionales que tuvieron que irse para allá, nada hacen en concreto para que otros más no se sigan yendo.
La investigadora Ana Elena Barrios, de Enlace-Equipo Comitán lo dice mejor: “Cuando se habla generalmente en México de migración, se suele hablar de la frontera norte, que es la noción inmediata y en términos de la exigencia que le hacen los mexicanos al gobierno de Estados Unidos para el respeto de sus derechos, sin embargo, se suele ignorar que México es un país muy importante de tránsito y destino de migrantes, de personas centroamericanas que cruzan y llegan al sur de México a trabajar o van hacia Estados Unidos pero son víctimas de graves abusos personales y laborales.”
Este tipo de abusos se propagan hasta Sonora y lo mismo los comete un policía, que personal de migración o unos de esos empresarios metidos a políticos que suelen enganchar a jornaleros agrícolas del sur del país o de Centroamérica para traerlos a laborar en condiciones miserables; o una persona que enarbola un regionalismo rancio y suele ser profundamente discriminatorio con los que llama “guachos” o “oaxaquitas”; o una autoridad estatal o municipal que persigue a ese otro al que fácilmente puede pasar por encima de sus derechos constitucionales sin que nadie les ponga un alto. Muchos de estos atropellos se hacen precisamente a partir de lo que tanto se le cuestiona a esta ley: la simple sospecha.
Recordemos nomás la sui géneris política criminal que con el espaldarazo del entonces presidente de la CEDH, Jorge Sainz Félix, puso en práctica el Ayuntamiento de Nogales, Sonora, cuando a éste lo encabezaba el alcalde Marco Antonio Martínez Dabdoub en contra de las personas que llegan a laborar a ese municipio.
El señor ex alcalde confesó, en su momento, el registro o el fichaje que hacían a los trabajadores de algunas empresas para prevenir el crimen y justifica su panacea anteponiendo razones que en el fondo no únicamente suenan rudimentarias e inútiles, sino además resultan discriminatorias.
“Sucede que quien comete un delito en el Estado de México o en Guerrero, siente que al irse a Nogales se fue a la región extranjera, entonces mantenemos la prevención a nivel de registro de personas que van llegando a la ciudad.”
Por eso suenan chocarreras las múltiples declaraciones que en estos días se han dado como si verdaderamente les importara al grado del sollozo, la situación de los mexicanos: “esta ley desentierra conceptos que debieron quedarse en pasaje oscuros de la historia, como la época Nazi o el Apartheid, tales como discriminación y racismo, los cuales actualiza y legaliza”, dice, por ejemplo, un patriótico Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, cual si la historia lo registrara como un genuino defensor de la causas sociales a la hora de las definiciones.
Esta nueva ley vendrá a ensombrecer todavía más la política migratoria actual, pero debemos tener el prudente juicio para no olvidar que la misma no es causa sino consecuencia de la pobreza de miles de mexicanos que no se ha sabido ni se ha querido combatir por quienes cual si fuese probados defensores de los derechos humanos, hoy dan muestras de su habilidades histriónicas y se enronquecen fustigando a esta ley, pero que por pasarse los días y los años en la ignominia de sus frívolas e intrascendentes carreras electoreras en pro de sus mezquinos intereses personales o de grupo, nada de efectivo hacen en el ámbito de las políticas públicas para que un jefe de familia, solo o con toda ella deje sus pobrísimos bártulos que tiene como patrimonio y se arriesgue a irse rumbo al norte, a pesar de saber que la muerte es una de las caras de esa moneda que lanzan al aire cuando emprenden ese viaje muchas de las veces sin retorno.
